De los 2.100 archivos filtrados que se revisaron en la investigación del ICIJ, conocida como “FinCEN Files”, surgieron nombres de grandes empresarios y exfuncionarios de gobiernos de diversos países, que están detrás de miles de millones de dólares sospechosos.
Descubre cómo y cuánto dinero ocultaron estas personas, en la primera parte de nuestro especial sobre “Clientes Confidenciales”.

Mukhtar AblyaPresidente del Kazakhstan’s Bank TuranAlem entre 2005 y 2009, y ministro de Energía, Industria y Comercio de Kazajistán entre 1998 y 1999
Ablyazov lavó el dinero a través de empresas fantasma en Chipre, Seychelles, las Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones secretas, y luego invirtió en compañías y propiedades en Londres, Nueva York y Moscú, dicen las autoridades. En 2009, un juez británico congeló sus activos. Tres años después, otro juez británico lo condenó a 22 meses de prisión por no revelar sus bienes en violación de una orden de incautación. En 2017, un tribunal kazajo lo condenó, en ausencia, a 20 años de prisión por malversación de fondos. Ablyazov, que se cree que reside en Francia, no ha cumplido su condena. Ha negado las acusaciones de irregularidades y dice que los cargos tienen motivaciones políticas.

El dinero continuó fluyendo a través de bancos en Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Chipre y Letonia durante años después de que fue acusado por primera vez de malversación y lavado de dinero.
En octubre de 2012, Ablyazov canalizó casi 5 millones de dólares a través de una empresa fantasma en Chipre, Colligate Investments Ltd., para supuestamente comprar bienes raíces rusos, según el mismo documento. La transacción pasó por el Banco de Chipre, Commerzbank en Alemania, JPMorgan Chase en Nueva York y Rigensis, un banco letón.

JPMorgan Chase presentó un informe a los reguladores estadounidenses señalando la transacción y otras similares como sospechosas. Colligate es una de las empresas fantasma supuestamente utilizadas por Ablyazov para "tramitar préstamos fraudulentos", según el documento que menciona la transacción. Bank of Cyprus le dijo más tarde a JPMorgan Chase que el dinero era para investigar propiedades de inversión en Moscú.

Rukaiyatu Abubakar es una de las cuatro esposas actuales de Atiku Abubakar, vicepresidente de Nigeria de 1999 a 2007. En 2006, los investigadores anticorrupción nigerianos acusaron a Atiku Abubakar de desviar de manera fraudulenta 125 millones de dólares provenientes de ingresos estatales a intereses privados. Los fiscales estadounidenses también alegaron que un congresista de Luisiana intentó sobornar a Atiku Abubakar para que ayudara a una empresa de tecnología nigeriana.
Atiku Abubakar nunca ha sido juzgado en un tribunal y niega haber actuado mal. Rukaiyatu Abubakar no ha sido acusada de irregularidades.

El 5 de marzo de 2012, Guernsey Trust Company Nigeria, propiedad de Rukaiyatu, envió más de 1 millón de dólares a una empresa en los Emiratos Árabes Unidos, Tanjay Real Estate Brokers. (Guernsey Trust existe para "administrar un fideicomiso ciego" en beneficio de Atiku Abubkar, según los documentos recibidos por el Senado de los Estados Unidos).

Habib Bank Limiteden Nueva York presentó un informe de actividad sospechosa, citando el historial de presunta corrupción de Atiku, después de que su oficina de Dubai recibió el pago. La sucursal del banco en Dubai explicó a la oficina en Nueva York que el pago era para comprar un apartamento y que la sucursal de Dubai "no tenía conocimiento de ninguna relación o afiliación existente entre Tanjay y la familia Abubakar".
Habib Bank informó de las transacciones porque "cruzaron múltiples jurisdicciones de alto riesgo" y porque "fuentes públicas revelaron que ha habido numerosas investigaciones del Sr. Abubakar que lo vinculan con acusaciones de corrupción".

El exvicepresidente (2003-2006) y senador desde 2007 de la República Democrática del Congo fue condenado en 2016 por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación con una serie de asesinatos, violaciones y saqueos en la República Centroafricana. Los jueces encargados de las apelaciones en la CPI anularon su condena en 2018, diciendo que no era responsable de las acciones de los soldados que envió para ayudar a sofocar un golpe. Amnistía Internacional condenó el resultado de la apelación como un "gran golpe" para las víctimas. Por otra parte, la CPI condenó a Bemba y a otros por sobornar a testigos para que falsificaran testimonios en el caso de crímenes de guerra. Bemba y otros pagaron a los testigos a través de Western Union y Moneygram, según las grabaciones de llamadas telefónicas obtenidas por los fiscales. Bemba se refirió a Western Union con el nombre en clave "whisky". Bemba niega haber actuado mal.

Un agente anónimo de Western Union presentó un informe a las autoridades estadounidenses poco después de octubre de 2015. El agente había leído en las noticias que se sospechaba que Bemba y otras cuatro personas habían sobornado a testigos en el caso de crímenes de guerra. Western Union identificó cientos de transacciones vinculadas a Bemba y sus aliados, por un total de más de 400.000 dólares, llevadas a cabo en al menos 15 países.

Uno de ellos era Jean-Jacques Mangenda Kabongo, un férreo defensor de Bemba. Western Union informó que Mangenda envió más de 100.000 dólares a 92 destinatarios a través de agentes en los Países Bajos, la República del Congo, Grecia y otros lugares entre 2005 y 2013. El momento de los pagos incluyó el período de la supuesta manipulación de testigos. Mangenda fue encarcelado por ayudar a transmitir las instrucciones de Bemba sobre cómo contactar y entrenar a los testigos.
Fidele Babala Wandu, miembro congoleño del Parlamento y aliado de Bemba, que también fue encarcelado, envió más de 200.000 dólares en más de 100 transacciones entre 2006 y 2013.

El comercio de oro es una de las grandes vulnerabilidades para la lucha contra el lavado de dinero. Narcotraficantes y grupos militantes armados utilizan el metal precioso para no solo lavar dinero, sino que también para financiar conflictos.
En Perú, el mayor productor de oro y el segundo mayor proveedor de cocaína a nivel mundial, el comercio ilegal de oro es dos veces más grande que el tráfico de drogas.

Los criminales prefieren el pago en efectivo porque es más difícil de rastrear.

Entre 2007 y 2015, diversas advertencias fueron enviadas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y a otras autoridades, por entidades financieras como JPMorgan Chase y el Deutsche Bank contra la empresa comerciante de oro con sede en Dubai, Kaloti Jewellery Group, por transferencias sospechosas valoradas en 9.300 millones de dólares.

Además de Kaloti, la FinCEN tiene en sus registros a la empresa Metalor Techonologies Internactional SA, con oficinas centrales en Suiza que, entre junio de 2012 y octubre de 2016, hizo transferencias sospechosas por 2.600 millones de dólares.
Kaloti realizó pagos en efectivo por 414 millones de dólares a Salor DMCC, Dubai, y por 28 millones de dólares a Trading Track, ubicada en Benin, África. Ambas empresas proveedoras de oro e investigadas por lavado de dinero proveniente de la venta de drogas.
Al ser consultado por los investigadores del ICIJ, Kaloti señaló que “solo acepta clientes después de realizar procesos de Due Diligence sólidos”.
En 2012, el grupo comenzó a transferir grandes sumas desde sus cuentas en el Deutsche Bank a las que tenía en el Emirates NBD en Dubai. Según la investigación, era tanta la cantidad que cuando Kaloti hizo el retiro en efectivo, lo tuvieron que acarrear en carretillas. El Deutsche Bank no informó de estos procedimientos hasta un año después.

Standard Chartered Bank presentó un ROS por más 11 millones de dólares en transacciones vinculadas a Golden Vision Trading, empresa local de oro en Liberia. La alerta fue porque los montos eran redondos, conocidos por ser un vehículo para el lavado de dinero.
El Deutsche Bank empezó a dudar de su relación con Kaloti pues se enteró de que estaba siendo investigada por Estados Unidos. Similar situación con el JPMorgan Chase, que suspendió el comercio de materias primas.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos recomendó al Departamento del Tesoro que catalogara a Kaloti Jewellery Group como una amenaza de lavado de dinero -algo así como la pena de muerte financiera-.
Luego de las investigaciones se estableció que Kaloti compraba el metal a vendedores sospechosos de lavar dinero para narcotraficantes y diversos grupos criminales. También se estableció que generalmente el grupo pagaba en efectivo y que transfería dinero para clientes sospechosos a otras empresas.
Pese a señales y evidencia de lavado de activos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nunca tomó acciones. Extrabajadores del Departamento señalaron que no se pronunciaron por el temor de enojar a los Emiratos Árabes Unidos, un aliado clave en el Medio Oriente, y que cuando este se negó a actuar en contra de la empresa, la entidad estadounidense desestimó los cargos.

Un exsocio de EY (antigua Ernst & Young) en Dubai, dio a conocer que, tras una auditoria, EY descubrió que Kaloti había aceptado oro disfrazado de plata con documentación falsificada, proveniente desde Marruecos, a través de un grupo criminal que logró lavar 146 millones de dólares con las transacciones.
En los Emiratos Árabes Unidos los estándares para el comercio de oro no están regulados por ley y solo se aplican programas de acreditación voluntaria, como la que realiza Dubai Multi Commodities Centre, DMCC. EY alertó a la entidad, pero en vez de tomar acciones que podían quitarle la acreditación, decidieron mantener el secreto de Kaloti.
Los auditores también se enteraron de que la empresa había comprado oro en Sudán, donde el metal ha financiado a grupos militares culpables de genocidios. Kaloti no investigó a sus proveedores.

Otro comerciante de oro que apareció en los archivos filtrados es Argor Heraeus, también en Suiza, por operaciones de 17 millones entre marzo de 2014 y junio de 2015.

Recién a principios de 2016, HSBC Hong Kong cerró la cuenta de Kaloti, dos años después de la denuncia del exsocio de EY.

La investigación de ICIJ reveló que Kaloti Metals & Logistics, comerciante de oro con sede en Miami, compró el metal precioso a empresas de Perú, cuyos propietarios fueron investigados por las autoridades por presunto lavado de dinero y minería ilegal.
También que dos exportadores asociados al comerciante de oro CIJ Gutiérrez, uno de los más grandes de Colombia, alertaron a las autoridades por realizar transacciones sospechosas. Los fiscales detallaron que ambos individuos estuvieron involucrados en lavado de dinero y que CIJ tenía relaciones con empresas fantasmas vinculadas a los paramilitares y a familiares de traficantes de drogas.

Entre 2009 y 2016, el banco de origen británico detectó 275 transacciones sospechosas de la empresa argentina dedicada a la explotación y producción de hidrocarburos, cemento y generación de energías renovables, Petroquímica Comodoro Rivadavia, por más de 50 millones de dólares, en su mayoría a través del banco Itaú.

Entre 2010 y 2015, el Standard Chartered identificó y alertó a la FinCEN, sobre 414 transacciones que pasaron por el banco Meinl Bank con sucursal en Antigua y Barbuda por un total de 187,6 millones de dólares. Este banco es controlado por la empresa constructora Odebrecht, acusada del mayor caso internacional de sobornos, a mover 677 millones de dólares hasta 2016.

Este mismo año, el Standard Chartered Bank se puso en alerta cuando en República Dominicana una empresa offshore utilizada en los sobornos de Odebrecht, Nashville Financial, recibió pagos por parte de la empresa Ingeniería Estrella. La empresa se asoció con Odebrecht para la construcción de una central eléctrica a carbón.

En este año, autoridades de Nueva York concluyeron que el Standard Chartered habría “conspirado” junto al gobierno de Irán para mover 250 millones de dólares, a cambio de otros millones de dólares en comisiones, lo que provocó que el sistema financiero estadounidense quedara vulnerable al terrorismo, al tráfico de armas, regímenes corruptos y narcotraficantes. Por ello, debió pagar multas por 670 millones de dólares en acuerdos burocráticos.

Según los “FinCEN Files”, entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, el banco británico procesó 2.055 transacciones de distintos clientes del banco jordano Arab Bank, por un importe total de más de 24 millones de dólares. Arab Bank era acusado por la justicia norteamericana de mover fondos que ayudaron a financiar atentados y ataques terroristas, como el ocurrido con un bus bomba en 2003, en Jerusalén, Israel.
Standard Chartered Bank presentó un ROS por más 11 millones de dólares en transacciones vinculadas a Golden Vision Trading, empresa local de oro en Liberia. La alerta fue porque los montos eran redondos, conocidos por ser un vehículo para el lavado de dinero.

Entre junio de 2014 y febrero de 2015, el Standard Chartered de Nueva York emitió distintas alertas sobre transferencias sospechosas entre las empresas pakistaníes BF Biosciences Limited y Westmor Biotech Pharm Limited, ambas ligadas al rubro de la salud. Estas empresas se habrían transferido entre sí, y sin propósito determinado, 10,6 millones de dólares despertando las sospechas de lavado de dinero con uno de sociedades offshore.
En este año, autoridades de New York multaron al banco por 300 millones de dólares y le exigieron que las sucursales de Hong Kong y Dubai fueran más rigurosas a la hora de reunir información sobre las transacciones bancarias de sus clientes.
Entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, Standard Chartered continuó trabajando con clientes del Arab Bank y cambió cerca de 12 millones de dólares en transacciones.

La Petroquímica Comodoro Rivadavia fue reportada por el Standard Chartered de Nueva York, por los antecedentes de sus dueños, Martín y Gustavo Brandi. La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP), los denunció tras estar involucrados en el escándalo “Swissleaks”, por cuentas no declaradas en Suiza.
Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló el esquema utilizado por la empresa constructora Odebrecht, el Standard Chartered se puso en alerta pues Ingeniería Estrella, socia de Odebrecht, realizó pagos a una empresa offshore ubicada en República Dominicana.

En 2017, el Standard Chartered presentó 413 ROS por un total de 27,8 millones de dólares. En ellos se nombran a 17 personas y empresas con vínculos en Estados Unidos, Hong Kong e India relacionadas a Pantheon Worldwide Limited, una empresa fantasma, pues ni el banco sabe dónde está ubicada.

Una demanda contra el banco reveló que a aquellos empleados que se opusieron a transacciones ilegales fueron acosados, amenazados y despedidos. La acción judicial señala que el Standard alteraba los nombres en las transacciones para que estas no fueran detectadas por el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La investigación del ICIJ reveló que la sucursal en Hong Kong del Standard Chartered mantuvo tres cuentas bancarias para Pantheon, empresa que intercambiaba millones de dólares en efectivo con traficantes.
También se dio a conocer que a través del banco se realizaron varias transacciones de empresas asociadas a Altaf Khanani, un lavador de dinero paquistaní.

Entre 2010 y 2015, JPMorgan Chase, facilitó el movimiento de más de mil millones de dólares de la sociedad fantasma ABSI Securities. El beneficiario final era Semion Mogilevich, conocido mafioso ruso. Para el FBI, Moglievich está entre las 10 personas más buscadas del mundo por delitos criminales y narcotráfico.
Durante el mismo lapso, el banco ejecutó 706 transacciones por un total de USD 230 millones, hacia la empresa fantasma NoviRex Sales LLP, vinculada a escándalos de corrupción en Ucrania. La mayor parte del dinero fue repartida en sociedades registradas en paraísos fiscales. JPMorgan le proporcionó una cuenta en dólares al ABVL Bank de Letonia, que le permitió a este ofrecer cuentas en dólares a sus clientes, entre los que estaba NoviRex.

Entre 2011 y 2012, la empresa venezolana ligada a servicios energéticos Derwick Associates, utilizó cuentas de JPMorgan Chase para mover 2.1 millones de dólares. Según un informe de la Oficina Venezolana de Transparencia, la empresa propiedad de Alejandro Domínguez y Pedro Trebbau, sobrefacturó al gobierno al menos 2900 millones de dólares en contratos públicos para la reparación de la red eléctrica de Venezuela.

En 2012, JPMorgan Chase emitió un ROS a la FinCEN por las transacciones del multimillonario kasajo, Mukthar Ablyasov, hacia la empresa fantasma inscrita en Chipre, Colligate Investments Ltd., que según las autoridades se hicieron para tramitar préstamos fraudulentos.
Entre 2012 y 2016, el banco ayudó al ciudadano venezolano Alejandro Isturiz a mover más de 63 millones de dólares entre distintas empresas. La justicia estadounidense acusó a Isturiz de participar en un esquema internacional de lavado de dinero, además de cobrar sobornos para manipular contratos de energía con el gobierno venezolano.
JPMorgan emitió reportes a la FinCEN por transacciones de la multimillonaria angoleña Isabel Dos Santos y su esposo Sindika Dokolo, en empresas asociadas al matrimonio que despertaron sospechas de corrupción pública/privada. En 2012, Dokolo transfirió 4.5 millones de dólares hacia una compañía holandesa de su propiedad, Melbourne Investments BV, sin haberse identificado la naturaleza de la transacción, pero se cree que estaría ligado al comercio de diamantes.

En 2013, el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos (FED), sancionó a JPMorgan Chase con el pago de 88 millones de dólares por violar las sanciones económicas contra Irán y otros países por sus “deficiencias sistemáticas” en sus medidas contra el blanqueo de dinero, además de sus fallas a la hora de identificar actividades sospechosas.

JPMorgan fue uno de los bancos que ayudaron al ciudadano ucraniano Dmytro Firtash, acusado por Estados Unidos de sobornar funcionarios en la India para concretar un acuerdo minero. La financiera movió la mayoría del dinero de las empresas controladas por Firtash por un total de 900 millones de dólares, entre 2003 y 2014.
El también ciudadano ucraniano y expresidente del país Viktor Yanukovich, investigado por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción, utilizó cuentas de JPMorgan para transferir 6.9 millones de dólares a sus cuentas, posterior a su mandato, en 2014, durante un año.

JPMorgan Chase, figura entre los 20 bancos que ayudaron a la empresa constructora Odebrecht S.A., acusada del mayor caso internacional de sobornos, a mover USD 677 millones, hasta 2016.

JPMorgan emitió ROS sobre transferencias por un total de más de 322 millones de dólares hacia empresas en Chipre y otras jurisdicciones secretas, de parte de Paul Manafort, asesor de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.
El banco también emitió reportes sobre más de 12 transferencias emitidas por el hoy prófugo malasio, Jho Low, acusado por autoridades estadounidenses y malayas de malversar más de 4500 millones de dólares del fondo de inversiones de Malasia “1Malaysia Development Berhad” para la adquisición de un hotel en Nueva York, entre otros bienes.
JPMorgan Chase emitió el 2017 varios ROS sobre la transferencia de 230 millones de dólares desde la empresa NoviRex Sales LLP, propiedad de Andriy Klyuyev, entre 2010 y 2015. El multimillonario ucraniano y uno de los asesores del expresidente Yanukovich, recibió en 2011 a través de Novirex, 40 millones de dólares desde la empresa TH Veles, compañía sospechosa de corrupción durante el gobierno de Yanukovich.

Te contamos. Para prevenir e impedir que se cometan delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en nuestro país, la Ley Nº19.913 establece que las personas naturales y jurídicas, denominados también sujetos obligados, están requeridos de informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre eventuales operaciones sospechosas de infracciones. Según la UAF, cuando se habla de operaciones sospechosas, se refiere a “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente”. En palabras simples, cualquier movimiento raro.

De la lista de sujetos obligados en Chile, uno de ellos son las Agencias de Aduana. Estas prestan servicios a terceros como gestores en el despacho de mercancías e intermediario entre importadores, exportadores y la Aduana. La contratación de sus servicios es obligatoria para importaciones superiores a US$1.000 y exportaciones mayores a US$2.000.

A la fecha existen cerca de 290 agencias de aduana que actúan como “ministros de fe” respecto a la mercadería que ingresa y sale de nuestro territorio. Sin embargo, frente al aumento significativo del comercio exterior chileno y a la competitividad del mercado, la tarea del agente aduanero necesita estar a la vanguardia en temas de control y monitoreo. Por lo que es necesario aplicar tecnología especializada a la operación que brinde un servicio más completo, rápido, eficaz. y que entregue la seguridad de no involucrarse en delitos de terceros.

Pongamos un caso ficticio como ejemplo. A tu Agencia de Aduana llega un correo de una emprendedora que está importando unos novedosos coolers solares. Tiene un proveedor listo, pero necesita de tus servicios para traer los productos porque la importación de dos containers cuesta aproximadamente US$20.000.

Le pides sus datos típicos (RUT, RUT empresa, correo, banco, etc.) y empiezas con los trámites. Romina Morales, la emprendedora, te entrega todo muy ágilmente y cierran el contrato con la condición de que los camiones que usen sean los de una empresa que ella recomienda. Al parecer todo normal y no habría ningún problema, ¿cierto?

Sorpresa. Nuestra emprendedora es Romina Ximena Morales Pérez, hermana de Juan Andrés Morales Pérez, líder de una banda de narcos en la capital dedicados a trasladar droga desde el norte del país, al interior de coolers, y luego blanquear los ingresos de tráfico usando empresas de transportes.

Te comunico que, desde que firmaste ese contrato, eres cómplice de narcotráfico y lavado de activos arriesgándote a sanciones que van desde millonarias multas, la posible disolución de la agencia e incluso penas de cárcel para los dueños. Esto se puede evitar si su empresa cuenta con un modelo de prevención de delitos. Aquí te presentamos UBOfinder.

UBOfinder es una de las soluciones de Gesintel que sirve para hacer más eficiente el cumplimiento de tu modelo normativo. Con este software, obtienes un completo registro de tus potenciales clientes, además de sus proveedores y colaboradores, identificando si estos o su círculo cercano son una amenaza real para su negocio o empresa.

UBOfinder permite determinar qué tan riesgosa puede ser la transacción que se está realizando, advirtiendo rápidamente cuándo la operación puede ser fraudulenta o que el cliente sea riesgoso o poco transparente.

En el último tiempo, múltiples empresas han sido objeto de investigaciones y sanciones por incumplimiento a las normativas, en relación con la prevención de delitos que afectan a la probidad y transparencia: Cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ante esta problemática, resulta necesario que cada compañía cuente con herramientas de Compliance, que tengan por objeto prevenir ilícitos que generen altos costos en multas y afecten negativamente su reputación en las respectivas áreas que lideran.

Para tal efecto, Gesintel Compliance ya cuenta con una solución conveniente. El Software AMLupdate, que cumple satisfactoriamente con lo establecido en la Circular Nº 59 de la UAF de mayo de 2019, sobre las nuevas normas de la debida diligencia y conocimiento de los clientes (DDC), relacionada al deber de los sujetos obligados en identificar y conocer a sus clientes para la prevención y detección de posibles delitos sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Varios clientes han demostrando interés en implementar nuestro Software AMLupdate, pero si desea conocer y saber más de esta Herramienta de Compliance, ¡No dude en contactarnos!

Onboarding (Identificación de clientes): Nombre, razón social, nacionalidad, contacto, propósito de la relación legal, entre otros.

DDC Continua (Monitoreo) Análisis continuo del comportamiento, actos y operaciones a lo largo de la relación.

Gestión de Riesgo : Permite determinar la intensidad en la aplicación de medidas de DDC por sector. AMLupdate ofrece dos variables de monitoreo:

• Por frecuencia: permite hacer desde un seguimiento diario hasta anual.
• Por profundidad: el cliente podrá elegir hasta diez categorías de búsqueda.

DDC Reforzada Aplica cuando el riesgo de LA/FT es alto.

• Información sobre el origen de los fondos, patrimonio, propósito de la operación del cliente.
• Se intensifica la DDC Continua (Monitoreo).

DDC Simplificada: Se aplica cuando el riesgo de LA/FT es bajo.

• Recopilación de datos de DDC utilizando tercera fuentes, reducción de la frecuencia de la actualización de datos del cliente, entre otros.

Esto ocurrió hace unas semanas en la oficina.

– Pame, hay unos señores de la policía acá, quieren hablar contigo. Me dijo la secretaria.

Un millón de ideas pasaban por mi cabeza en ese momento.

– ¿Me buscan a mí o a alguien de la oficina?, pregunté con cierto nervio.

– Preguntaron por usted, con nombre y apellido.

Me paré, miré el café, el escritorio, la ventana de escape y luego sacudí la cabeza tratando de ahuyentar las ideas que fluían sin control en mi mente. Parece película de terror, pero es lo que se me vino a la cabeza luego de que Sergio(*) me presentara sus ideas para la semana.

Sergio es uno de los tres ejecutivos de ventas nuevos que tenemos en el equipo de AlfaValle Inmobiliaria(*). En total son ocho, pero la rotación ha estado muy alta en el último año. Él está desde hace dos meses con nosotros y es su primera experiencia en ventas inmobiliarias. Es joven, entusiasta y ha aprendido rápido. Tiene potencial, aunque no ha completado su capacitación.

En la reunión semanal de ventas, Sergio llegó con una propuesta atractiva:

– Un inversionista institucional está interesado en tres departamentos del proyecto AltoValle(*). Pertenece a una empresa nueva, sus papeles están al día y además quiere pagar al contado, así que ni siquiera tenemos que pasar por los bancos”, afirmó con seguridad.

De reojo vi cómo las cejas de la señora Victoria(*), nuestra vendedora más experimentada, se elevaban hasta más arriba de sus anteojos. Sergio no percibió el movimiento y siguió con osada firmeza:

– Pamela, creo que la venta la cierro esta semana porque el cliente me dijo que estaba apurado, ¿sigue en pie la comisión extra por vender más de tres en el mes?

– Sergio ¿averiguaste quiénes son los dueños de esa empresa?, pregunté.

– Sí, el dueño se llama Alberto Correa. Se nota que sabe mucho de esto y se veía muy distinguido y profesional. Yo creo que la plata viene de una herencia, o se ganó el Loto, ¿qué importa?

– ¿¡Que qué importa!?, exclamé.

Soy la jefa de ventas Zona Sur, y he sido vendedora por varios años. Sé lo difícil que es cerrar una venta. Esto era un golpe de suerte para Sergio, ya que si cerraba este trato, podría pagar su auto y un par de deudas que tenía por ahí. Pero yo estaba consciente que debía hacer mi trabajo.

Con la señora Victoria decidimos averiguar un poco más y resultó que don Alberto Correa no era tan distinguido y profesional como decía Sergio. El monto total que debía pagar por los tres departamentos era mucho más alto que el patrimonio que poseía en ese entonces. Sospechoso.
Ante ello, debimos frenar la venta, y en poco tiempo implementamos un modelo de prevención de delitos. Ahora tenemos procedimientos de Compliance y sacamos reportes acerca de los clientes, sean personas naturales o jurídicas, directo de la tienda Gesintel Compliance. (*Disclaimer)

Sergio sigue con nosotros y ya pagó su auto. Y aunque a veces me critica porque lo presiono mucho, estamos todos trabajando tranquilos sabiendo que estamos haciendo las cosas bien y seguros.

(*): Los nombres fueron modificados para resguardar la identidad real de los personajes.

*Disclaimer: Gesintel Compliance tiene una tienda online que permite obtener reportes de Compliance de personas naturales o jurídicas en base al RUT sin planes ni contratos.

Disponible en http://tienda.gesintel.cl

El equipo Gesintel Compliance, comprometidos con garantizar la continuidad de nuestros servicios, ha tomado las siguientes medidas de seguridad:

Como primera parte del plan, todo nuestro equipo se encuentra trabajando en forma remota desde sus hogares.

Con anterioridad a la llegada de la pandemia, establecimos medidas y protocolos de trabajo a distancia, para resguardar tanto la seguridad de nuestros colaboradores como el manejo de la información.

La naturaleza cloud de nuestros servicios ha facilitado esta implementación y ha demostrado no tener impacto en nuestra producción de datos, por lo que somos capaces de mantener la alta calidad de nuestro servicio.

Nuestros equipos de Ventas y Soporte permanecen disponibles por teléfono y por email. Estamos conscientes de que puede haber ocasiones en que una demanda alta afecte nuestro tiempo de respuesta. Agradecemos su comprensión y paciencia si esto ocurre.

El equipo de Gesintel Compliance está comprometido a realizar un esfuerzo activo para disminuir el numero de contagiados en el país.